“Ley de Tierras de Puerto Rico” [Ley Núm. 26 de 12 de Abril de 1941, según enmendada]
LO QUE DICE LA LEY EN RELACION A LA VENTA DE 2000 CUERDAS DE TERRENO EN AREA DE CABO ROJO.
Artículo 7. — Autoridad de Tierras - Fines; Tenencia de Tierras en Exceso de 500 Acres.
(28 L.P.R.A. § 247)
La Autoridad se crea con el fin de llevar a cabo la política agraria de Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, según se determina en esta Ley, y para realizar los actos necesarios para poner
término al latifundio corporativo existente en el Estado Libre Asociado, impedir su reaparición en
el futuro, asegurar a los individuos la conservación de sus tierras, ayudar a la formación de nuevos agricultores, facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor bien público bajo planes de
producción eficiente y económica, incluyendo la elaboración industrial de productos agrícolas,
proveer medios para que los agregados y moradores de arrabales puedan adquirir predios de
terrenos en los cuales enclavar sus viviendas y para efectuar todos los actos conducentes al más
científico, económico y eficiente disfrute de las tierras por el Estado Libre Asociado;
Disponiéndose, que no se entenderá que ninguna de las disposiciones de esta Ley limita el derecho
de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico o de las organizaciones, entidades, o agentes creados o
autorizados por ella para llevar a cabo los fines mencionados en el párrafo anterior a tener,
controlar, poseer, usar y desarrollar terrenos agrícolas con una superficie mayor de 500 acres.
(j) Comprar, arrendar como arrendataria, o de cualquier modo adquirir y poseer, así como usar,
tierras o cualquier interés sobre las mismas que considere necesarios o convenientes para realizar
los fines de la Autoridad, y vender, traspasar, permutar o arrendar dichas tierras o cualquier parte
de las mismas para los fines y en la forma dispuestos en esta Ley. En el caso de ventas o traspasos
de tierras de cualquier clase a personas jurídicas, éstas no podrán poseer más de quinientos (500)
acres, luego de efectuada la venta o traspaso.
La venta de las 2000 cuerdas de terreno representan 1942.4438205 acres lo que viola la ley de tenencia de tierras por parte de latifundistas e inversionistas desarrollistas de proyectos millonarios para beneficiarse unos pocos.
LO QUE DICE LA HISTORIA DE LA LEY DE LOS 500 ACRES
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por la presente declaración y por la instrumentación
de esta Ley, declara que la tierra de Puerto Rico ha de ser considerada como fuente de vida, de
dignidad y de libertad económica para los hombres y mujeres que la trabajan, y se declara que es
política de El Pueblo de Puerto Rico que finalmente cada persona que trabaje la tierra sea dueña
de esa tierra que le sostiene.
Por resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, confirmada por la Corte Suprema de los
Estados Unidos en 25 de marzo de 1940, los siguientes hechos históricos fueron objeto de
declaración judicial: "Puerto Rico tiene un área total de 3,435 millas cuadradas, equivalentes a
2,198,400 acres, de los cuales 1,222,284 son de tierra labrantía.
La población de la Isla en 1898,
cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos, era de 953,243 personas. El área total
dedicada al cultivo de la caña de azúcar era, en aquel tiempo, de 70,000 acres. Los debates del
Congreso en el año 1900, mientras se discutía la ley para imponer el 25 por ciento de la tarifa
Dingley a todos los productos importados de Puerto Rico a Estados Unidos y viceversa, y la Carta
Orgánica (Ley Foraker), para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, demuestran la previsiónde
aquellos miembros del Congreso que expresaron sus temores de que el comercio libre entre
Puerto Rico y Estados Unidos haría de la Isla un sitio demasiado atractivo para la inversión de
grandes capitales en azúcar y en tabaco, con el resultado probable de que quedaría la mayor parte,
si no la totalidad de la tierra de labrantío, bajo la propiedad y el control de los trusts del azúcar y
del tabaco. Este temor se intensificó cuando en el año anterior, en 1899, la Isla fue devastada por
un ciclón con la consiguiente pérdida de la cosecha, y la depreciación e hipoteca de sus mejores
tierras.
Para prevenir el desarrollo de un monopolio agrario que se adueñara de y controlara los
mejores terrenos de esta pequeña Isla tan densamente poblada, y que eventualmente convirtiera la
Isla en una enorme fábrica de azúcar operada por un proletariado medio esclavo, y para fomentar
el fraccionamiento de la Isla en pequeñas parcelas operadas y controladas por sus dueños, el
Congreso aprobó la Resolución Conjunta Núm. 23, el primero de mayo de 1900.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto al problema de la tierra en
esta Isla "los parlamentos han considerado su deber el proteger a sus súbditos y a sus ciudadanos
contra los atentados por parte de las grandes combinaciones de capital para monopolizar las tierras
propias para el labrantío, que son la base de la riqueza de cualquier comunidad".
Ha declarado asimismo el Tribunal Supremo de Puerto Rico que "la sabiduría y la previsión
de los patrocinadores de la política agraria insular" entrañada en la ley federal que limita la tenencia
corporativa de tierras a 500 acres, "han sido demostradas por acontecimientos posteriores. Puerto
Rico, que atrajo la atención del Congreso en 1900 por la densidad de su población, desde entonces
ha sido casi duplicado el número de sus habitantes, el censo de 1935 llevado a cabo por la
Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, una agencia federal, demostrando que la Isla
tenía en esa fecha una población de 1,723,534 habitantes, o sea un promedio de 501 personas por
milla cuadrada; que 72.3 por ciento de esta población vive en la zona rural y depende enteramente
de la actividad agrícola para su subsistencia; que la Isla tiene como promedio algo menos de un
acre cuadrado de tierra de labrantío por habitante de la zona rural; que 251.000 acres, o sea una
quinta parte de toda la tierra propia para la agricultura, se emplean para la producción de caña de
azúcar; que no menos de 196,757 acres, o sea un poco menos del 70 por ciento del área total
sembrada para la producción de cañas de azúcar, es de la propiedad de, o está controlada por,
compañías que a su vez están controladas casi exclusivamente por accionistas ausentes; que las
compañías así organizadas y controladas manufacturan, normalmente el 59 por ciento del total del
azúcar producido por la Isla, controlando por tanto casi el 40 por ciento del total de la riqueza
agrícola insular, y que durante la década de 1930 a 1940 el número de acres combinados de todos
los fundos administrados por sus dueños decreció en 318,232 acres, mientras que el número total
de acres operados por administraciones extrañas aumentó en 325,425 acres.
Y añade el Tribunal Supremo de Puerto Rico: "la existencia de grandes fundos de terrenos en
un pequeño país agrícola, anormalmente sobrepoblado y sin otras industrias básicas que aquellas
necesarias para la preparación de productos agrícolas para el mercado, es contrario al bienestar
económico de sus habitantes.
Respecto al estatuto federal que limita a 500 el número de acres que podrán poseer en Puerto
Rico las corporaciones que se dediquen a la agricultura, ha declarado el Tribunal Supremo de esta
Isla que: "el fin que persigue el estatuto es impedir el acaparamiento de la tierras laborables de esta
pequeña isla de 3,435 millas cuadradas, por un pequeño número de corporaciones y proteger a su
población de l.700,000 almas contra un monopolio que acabaría por convertirles en meros siervos
de una gran factoría azucarera.
